Canca La Piedra lleva más de siete meses sin cuartel policial
La seguridad del distrito municipal de Canca La Piedra navega como un barco a la deriva desde hace más de siete meses, cuando quedó sin el timón del orden tras el cierre de su cuartel policial.
Aquel destacamento, símbolo de resguardo comunitario, construido hace más de cuatro décadas por empresarios visionarios, yace en ruinas, consumido por el abandono y la indiferencia oficial.
Fue cerrado con la promesa de una pronta reparación, pero desde entonces la carga de la vigilancia ha recaído sobre la inspectoría policial de Tamboril, cuyos agentes no dan abasto para vigilar la ciudadanía de dos pueblos, a la vez.
Lo que debía ser un proceso breve se ha transformado en una espera interminable, marcada por la negligencia de las autoridades municipales y del gobierno central, que parecen mirar hacia otro lado.
Mientras tanto, el empresariado local ha optado por el silencio, lejos de imitar el ejemplo de quienes, en los años ochenta, levantaron un cuartel con más voluntad que recursos, cuando Canca era apenas una comunidad rural de Tamboril, sin ningún tipo de desarrollo.
En la actualidad, Canca La Piedra cuenta con casi 15 mil habitantes y un notable crecimiento económico, por lo que se consolida como un importante motor de la producción regional.
Sus barrios, comunidades, calles y empresas crecen, pero no así su seguridad ni sus servicios sociales.
La sobrecargada inspectoría de Tamboril apenas alcanza intervenir en los múltiples conflictos que surgen como maleza en tierra convulsionada por expectante modernidad.
Aunque el cabildo local recibe más de 30 millones de pesos al año entre asignaciones de la Liga Municipal Dominicana y cobros de arbitrios, no se ha colocado un solo bloque para reconstruir el cuartel.
Los 2.5 millones de pesos mensuales que administra la Junta Distrital se diluyen entre compromisos partidarios y prioridades ajenas al bienestar colectivo.
Además del destacamento, Canca carece de cuerpo de bomberos, un hospital, oficialía civil, un acueducto rural y otras instituciones de servicios del gobierno central, lo que profundiza su situación de vulnerabilidad de sus habitantes.
El crecimiento poblacional ha sido acelerado, en las últimas década, al llegar familias desde zonas rurales, obreros de pueblos vecinos y una creciente comunidad haitiana que también necesita protección y servicios.
Pero la vigilancia, limitada y lejana de la Policía Nacional, no logra cubrir a todos por igual ante la falta de un cuartel que permita planificar y dirigir la vigilancia local.
Es hora de que empresarios, políticos, líderes comunitarios y autoridades locales despierten de su letargo y, como en otros tiempos, se unan en una causa común: levantar un cuartel digno, funcional y humano.
Que la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho para todos los que habitan este suelo cansado de vivir entre la sombra y el olvido.
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