Un anteproyecto de ley con visión sesgada: necesitamos regulación migratoria, no exclusión

CODIGO-32-SIPRED  OPINION 

Por Rey Arturo Taveras

El anteproyecto de ley que busca limitar el alquiler de viviendas y restringir el acceso a ciertos trabajos a los haitianos en la República Dominicana ha desatado un torrente de opiniones y polémicas. Mientras algunos lo consideran una medida necesaria para proteger la soberanía y el bienestar social, otros lo interpretan como una manifestación de xenofobia y racismo camuflada bajo el pretexto de la "seguridad nacional". 

La realidad es que, tal como está concebido, este proyecto presenta varios defectos estructurales que lo convierten en una propuesta incompleta y sesgada, que se aleja de una solución inclusiva y justa para todos los extranjeros, sin importar su nacionalidad.

En primer lugar, este anteproyecto pone en el centro del debate una sola nacionalidad: la haitiana. Sin embargo, no podemos obviar que la inmigración ilegal no es un fenómeno exclusivo de Haití. La presencia de miles de venezolanos, cubanos y ciudadanos de otras naciones en situación irregular en el país es igualmente relevante. 

En lugar de centrarse en un solo grupo, el proyecto debería enfocarse en regularizar la situación de todos los extranjeros en territorio dominicano. ¿Por qué hacer distinciones entre los ciudadanos de un país vecino y los de otras naciones? En vez de señalar a un solo grupo, deberíamos plantear una reforma integral que gestione la inmigración de manera equitativa, con reglas claras y justas para todos.

El tema central de la propuesta es el control de la inmigración ilegal, pero lo cierto es que este problema no se soluciona limitando el acceso al alquiler de viviendas o restringiendo el empleo. Si bien es cierto que la regulación del mercado inmobiliario es necesaria, esta no debe depender del origen de la persona que desea alquilar una propiedad. Por el contrario, la solución debe centrarse en la creación de mecanismos para regularizar a todos los extranjeros, garantizando que aquellos que deseen residir y trabajar en el país cuenten con un historial limpio, comprobado a través de un certificado de buena conducta emitido por una autoridad competente, y que no tengan antecedentes penales en su país de origen.

Además, el control de la inmigración ilegal debe centrarse en fortalecer las políticas de entrada al país, no en la estigmatización de aquellos que ya se encuentran aquí, muchas veces en situaciones de vulnerabilidad. La verdadera preocupación debe ser la entrada de extranjeros irregulares, no el alojamiento o empleo de aquellos que ya están dentro de las fronteras dominicanas.

Otro aspecto que no puede ser ignorado en esta discusión es la protección del medio ambiente. Muchos extranjeros han convertido en su hogar terrenos baldíos, reservas naturales en las montañas y riberas de fuentes acuíferas, lo que ha contribuido a la contaminación de estos espacios. 

Si realmente nos preocupa la soberanía, debemos incluir en nuestra legislación la conservación de los recursos naturales, haciendo cumplir las leyes ambientales de manera equitativa para todos. Estas medidas, además de ser más justas, enviarán un mensaje claro: la defensa del medio ambiente no tiene fronteras ni pasaportes.

Es importante recordar que, al igual que en el ámbito laboral, no podemos caer en la trampa de pensar que la crisis social en Haití es un problema exclusivo de los haitianos, porque su impacto trasciende a toda la región del Caribe. La pobreza, la violencia y la falta de oportunidades laborales no tienen una nacionalidad definida; son fenómenos globales que requieren soluciones globales.

Uno de los aspectos más preocupantes de este anteproyecto es su enfoque explícito hacia los haitianos. Al restringir los alquileres y los trabajos solo a este grupo específico, el proyecto corre el riesgo de ser percibido como una medida racista, que excluye a una población vulnerable de la posibilidad de integrarse de manera digna en la sociedad dominicana. Esta exclusión podría generar un ambiente de resentimiento, en lugar de fomentar la cooperación y el entendimiento entre naciones vecinas.

El discurso de "protección" del país que plantea el proyecto no debe caer en el error de asumir que toda inmigración es una amenaza. La inmigración, cuando se maneja adecuadamente, puede ser un motor de crecimiento y desarrollo económico. Necesitamos políticas migratorias inclusivas que promuevan la integración social y laboral de los inmigrantes, en lugar de construir barreras que solo perpetúan la desigualdad.

Es hora de revisar este anteproyecto a fondo. Si realmente se busca proteger la soberanía, la economía y el bienestar de los dominicanos, el camino debe ser otro: uno que implique la regulación eficiente y humana de la inmigración en su totalidad. Este anteproyecto necesita una revisión profunda. 

Al tratar de resolver un problema tan complejo como la inmigración ilegal, no debemos caer en la trampa de buscar soluciones simplistas que solo generen división y resentimiento. La inclusión, la equidad y el respeto deben ser los principios rectores de cualquier política migratoria. Solo cuando todos los actores sociales sean tomados en cuenta podremos hablar de una verdadera solución a la crisis migratoria que enfrenta el país.