En Tamboril la ley duerme bajo arena, escombros y vehículos mal estacionados por falta de autoridad
“La obstrucción en una calle de Tamboril desafía la ley y la paciencia comunitaria que está al borde de la ira por la violacion de su derecho al libre tránsito”
TAMBORIL, R.D.- En una calle adyacente a la avenida Juan José Domínguez, próximo al Cruce de Bolivar, en este municipio, varias familias denuncian que llevan más de un año enfrentando la obstrucción permanente de su única vía de acceso, debido a la colocación de pilas de arena, escombros y vehículos por parte de un taller de ebanistería, propiedad de un hombre conocido como Ángel.
El patriarca comunitario del lugar afectado, ingeniero Jhonny Caraballo, informó que han dialogado en reiteradas ocasiones con el propietario del negocio, sin lograr que retire los obstáculos.
También han acudido al Cabildo, al Juzgado de Paz y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero, según afirman, no han recibido respuesta efectiva.
La situación no solo afecta el libre tránsito hacia las viviendas y una finca cercana, sino que representa un riesgo ante cualquier emergencia de salud o catástrofe imprevista.
Las familias afectadas solicitan la intervención urgente de las autoridades municipales y judiciales competentes para garantizar el cumplimiento de la ley y restablecer el derecho al libre tránsito.
Indicaron que es una constante encontrar la estrecha calle sitiada, de forma permanente, con objetos colocados por el personal de la empresa quienes lo hacen de forma prepotente, lo que llena de impotencia a las familias que ven vulnerado su derecho al libre tránsito.
“Es como vivir con una puerta cerrada frente a la casa”, expresó el ingenioso Jhonny Caraballo, patriarca de una de las familias afectadas.
LA LEY PREVÉE MULTA Y PRISIÓN POR OBSTACULIZAR EL TRÁNSITO.
De acuerdo con la Ley 83-89 sobre residuos, la obstrucción de la vía pública con materiales sólidos se castiga con prisión de 2 a 10 días y multas de RD$500 a RD$1,000.
Asimismo, la Ley 63-17 establece multas de hasta un salario mínimo del sector público y autoriza la remoción inmediata de los objetos.
En caso de reincidencia, las sanciones se duplican, y si se trata de una empresa, la multa puede alcanzar hasta RD$10,000.
Las autoridades competentes, los ayuntamientos y los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales, tienen el deber legal de conocer y sancionar estas violaciones.
Estoy total de acuerdo con el reclamo que hacen los moradores de ese sector.
ResponderEliminarDonde espero que las autoridades tomen en serio este problema y lo resuelvan.