El talento sin honradez genera desconfianza bancaria, en R.D

CODIGO32-SIPRED

Por Johan Rosario

Hay silencios que pesan más que las palabras. Y hay momentos en los que callar no es prudencia, sino complicidad.

Como corredor de seguros con más de quince años de ejercicio en la industria y periodista con tres décadas de trayectoria, guardar silencio ante una denuncia temeraria e irresponsable me haría, cuando menos,  sentir frívolo e indolente. Y no lo soy.

Las recientes declaraciones que insinuaron un supuesto “hoyo financiero” en Seguros Reservas no solo carecen de sustento técnico; han provocado un daño real, medible y profundamente peligroso. Porque cuando se siembra duda en materia financiera, el efecto no es teórico ni abstracto: es inmediato, emocional y contagioso.

Resulta especialmente lamentable que tales insinuaciones provinieran de Juan Ariel Jiménez, un académico formado en la Universidad de Harvard, en Boston, una de las casas de estudios más prestigiosas del mundo, y hoy docente en la misma, además de ex Ministro de Economía. Aun cuando posteriormente intentó matizar o desmentir el rumor inicial, el daño ya estaba hecho. Y fue grande.

Porque no se afectó únicamente la imagen de Seguros Reservas, cuya solvencia, responsabilidad y desempeño financiero son ampliamente conocidos, documentados y auditables,  sino que el señalamiento salpicó de inmediato a su casa matriz: el Banco de Reservas, la principal entidad bancaria del país.

Y aquí conviene ser claros, sin ambigüedades ni pasiones: Banreservas es una institución sometida permanentemente a auditorías, fiscalizada por múltiples organismos reguladores nacionales e internacionales, y cuyos indicadores de capitalización y liquidez superan incluso a los de muchas entidades privadas del sistema financiero dominicano.

Sin embargo, bastó el rumor —irresponsable, carente de evidencia y lanzado sin el mínimo rigor, para que ocurriera algo gravísimo. Lo vi. No lo leí en informes ni lo deduje en análisis retrospectivos: lo vi. 

Decenas de clientes retirando depósitos. Cientos de mensajes anunciando en estampida la salida de ahorros del banco estatal. Miedo. Desconfianza. Reacciones impulsivas. Efecto dominó.

Eso no es un debate académico ni un juego político. Eso es poner en riesgo la confianza pública, el activo más delicado de cualquier sistema financiero.

Se intentó pescar en río revuelto, mezclando de manera artificiosa el ruido generado en torno a SENASA con Seguros Reservas y, por arrastre, con Banreservas. Sal con aceite. Realidades y contextos distintos. Sin pruebas ni responsabilidad.

Hoy ya hay un daño configurado y un potencial perjuicio latente. El riesgo persiste.

Porque en materia financiera, la duda sembrada no se recoge con aclaraciones tardías ni con remiendos ulteriores. La confianza, una vez erosionada, no se recompone al ritmo de los comunicados. Es como una bola de nieve, difícil de parar.

Quien ocupa espacios de influencia pública, más aún cuando proviene del mundo académico,  tiene la obligación ética de medir el alcance de sus palabras. No hacerlo no es ingenuidad: es irresponsabilidad. Y cuando esa irresponsabilidad afecta instituciones sistémicas, deja de ser un error individual para convertirse en un problema país.

Preservar a Seguros Reservas y al Banco de Reservas no es una opción retórica ni una causa coyuntural. Es una necesidad nacional. Porque jugar con la percepción de solidez del sistema financiero equivale a jugar con los ahorros, la estabilidad y el futuro de millones de dominicanos.

Lo ocurrido debe servir de advertencia. No todo vale en la confrontación política. No todo comentario es inocuo. Y no toda voz influyente puede permitirse el lujo de hablar sin consecuencias.

Si entramos a 2026 con instituciones pgolpeadas por rumores infundados, no habrá excusas académicas ni justificaciones tardías que absuelvan a quienes confundieron opinión con temeridad.

Como advirtió Alexander Pope, con una lucidez que atraviesa siglos:

“El talento sin probidad es un azote.”

Y cuando ese azote se descarga sobre instituciones del Estado, el costo lo paga el país entero.