Actores en materia de justicia: una mirada a la realidad dominicana

CODIGO32-SIPRED

Por: Lic. Víctor Manuel Céspedes Mejía

(Abogado constitucionalista y penalista)

En el sistema judicial dominicano, los actores principales son bien conocidos: la víctima, que alega haber sufrido un daño; el imputado, a quien se le atribuye la comisión del hecho; el Ministerio Público, representante de los intereses de la sociedad y encargado de investigar y ejercer la acción penal; el Poder Judicial, responsable de administrar justicia y garantizar un proceso justo; el defensor, quien vela por los derechos e intereses de su defendido; y, finalmente, la Constitución, que funge como garante supremo de los derechos fundamentales y del debido proceso.

Sin embargo, llevar estos principios a la práctica en la República Dominicana resulta un desafío constante. Nuestro sistema judicial se encuentra saturado, con grandes lagunas de forma y fondo, que impiden garantizar plenamente un debido proceso. Las causas de esta deficiencia son múltiples y profundamente estructurales.

Uno de los factores más preocupantes es la falta de formación cívica y jurídica en las escuelas. Desde la infancia, nuestros niños y jóvenes no reciben educación sobre derechos, deberes y responsabilidad legal. Esa ausencia genera una ignorancia colectiva en materia de derecho y régimen de consecuencias, alimentando un círculo vicioso de desconocimiento y vulneración de derechos.

A ello se suma la falta de interés del Ministerio Público en promover la conciliación. Muchos conflictos que podrían resolverse mediante el diálogo y la mediación terminan convertidos en procesos judiciales innecesarios. Esto incrementa el volumen de casos, sobrecarga el sistema, genera mayores gastos para los ciudadanos y fatiga a jueces y fiscales, quienes —aunque preparados— son seres humanos limitados por el tiempo, la presión y las condiciones en las que trabajan.

El deterioro de las condiciones laborales en el tren judicial es otro punto neurálgico. Cuando quienes deben investigar o juzgar no tienen una vida digna ni estímulos suficientes, se multiplican las fallas: investigaciones superficiales, decisiones apresuradas, sentencias dilatadas y resoluciones que contravienen la Constitución.

Esto erosiona la confianza ciudadana en la justicia y abre las puertas a la arbitrariedad.

Es urgente una intervención estructural en el sistema de justicia dominicano. No se trata de reformas cosméticas, sino de una reingeniería que garantice eficiencia, transparencia y respeto a los derechos fundamentales. 

Temas como la prisión preventiva, las condiciones penitenciarias, las revisiones obligatorias de los casos, la lentitud en las libertades y las decisiones judiciales carentes de garantías deben ser abordados con responsabilidad y visión de Estado.

Parece que en ocasiones, la privación de libertad se convierte en una condena anticipada desde el momento en que el Ministerio Público formula una acusación. En ese contexto, el papel del juez es crucial: debe actuar con equilibrio, evitar el populismo judicial y recordar que la prisión preventiva es una medida excepcional, no la norma.

El reto es grande, pero no imposible. Si queremos una República Dominicana sólida en materia de derecho y justicia, debemos apostar por la educación jurídica, la conciliación social y la dignificación de nuestros operadores judiciales. Solo así podremos asegurar que el sistema de justicia deje de ser un calvario y se convierta en un verdadero instrumento de paz, equidad y constitucionalidad.