En CORAASAN: “Agua que no se cobra, Cueto la bendice”
La reciente declaración del director general de CORAASAN, Andrés Cueto, afirmando que solo el 30% de los usuarios paga el servicio de agua potable, ha generado indignación y ha encendido una alarma sobre la gestión institucional pública.
Lo dicho por Cueto pone entredicho la narrativa de eficiencia que el gobierno del presidente Luis Abinader ha promovido desde su llegada al poder, en el 2020.
Si esta cifra fuera real y no una estrategia para desviar la atención de los cuestionamientos a la administración CUETO, estaríamos ante la confirmación de que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago es ineficiente y que representa una carga inútil para el Estado dominicano.
Una empresa pública que no logra cobrar su servicio en el 70% de los casos no es sostenible, ni tiene razón de ser en una administración que pregona control, transparencia y modernización: es un fracaso y debería ser cerrada por quiebra.
Pero la gran contradicción emerge con fuerza cuando se confronta la declaración de Cueto con la realidad cotidiana de los usuarios.
En CORAASAN, quien no paga el servicio de agua recibe la desconexión inmediata, pago de multa por reconectar y su cuenta es transferida al temido sistema SICLA, una base de datos nacional de deudores que tiene consecuencias crediticias y legales para los ciudadanos.
Entonces, ¿cómo se explica esa supuesta morosidad masiva del 70%?
La respuesta parece estar en otra parte.
Sería más aceptable y creíble que haya una gran cantidad de usuarios conectados de forma ilegal, sin el conocimiento administrativo, pero si con el consentimiento tácito o complaciente de empleados internos.
Pero, resulta más fácil culpar a “la ciudadanía” que admitir el fracaso institucional.
Con su declaración, Cueto pone en entredicho la gestión actual de la entidad y arrastra con él a su antecesor Andrés Burgos, a la gobernadora de Santiago Rosa Santos, y, en última instancia, al propio presidente Luis Abinader, que en múltiples ocasiones han señalado a CORAASAN como un ejemplo de eficiencia del gobierno del cambio.
Es evidente que el discurso oficial ha entrado en conflicto con los hechos, mientras comunidades enteras, como Tamboril, Canca La Piedra Cienfuegos, Villa González, Navarrete, Hato del Yaque y otros pueblos viven constantes interrupciones del servicio, incluso durante semanas.
Es contraproducente que el director de de la citada entidad insista en pedir colaboración a la ciudadanía para que pague por un servicio que no recibe con regularidad ni calidad.
Hay que destacar que esa institución ha sido denunciada como un refugio de botellas políticas, lo que contradice lo dicho por su director quien ha presentado un manojo de excusas recicladas y sin asidero lógico en el campo de la verdad.
El gobierno central debe exigir una auditoría financiera y operativa independiente en CORAASAN.
La Cámara de Cuentas, el Ministerio de Administración Pública, y por qué no, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), deben mirar más allá del titular y profundizar en lo que se oculta debajo de este discurso de distracción de la gerencia de la corporación acuífera de Santiago.
Porque lo dicho por Andrés Cueto es el síntoma de una enfermedad institucional que puede extenderse a otras dependencias públicas si no se interviene a tiempo.
La ciudadanía merece saber la verdad y el gobierno de Abinader, si quiere seguir predicando cambio, debe demostrar que tiene el coraje de enfrentar la ineptitud, incluso si esta se encuentra dentro de sus propias estructuras.
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