Abogado Víctor M. Céspedes advierte sobre límites del uso de la fuerza policial frente a la delincuencia

CODIGO32-SIPRED

SANTO DOMINGO, R.D.- El abogado de los tribunales de la República Dominicana, Lic. Víctor Manuel Céspedez, advirtió que el Estado debe garantizar la seguridad ciudadana frente a la delincuencia, pero sin permitir que el uso de la fuerza policial se convierta en una actuación arbitraria o al margen de los derechos fundamentales.

Céspedez planteó que, cuando la actuación de las autoridades y los derechos de una persona entran en conflicto, se produce una colisión de derechos fundamentales, situación que debe ser resuelta mediante criterios jurídicos como la ponderación, la proporcionalidad y la armonización práctica.

El jurista sostuvo que la sociedad tiene derecho a vivir en seguridad y que el Estado posee la responsabilidad de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos frente a amenazas delictivas. Sin embargo, afirmó que esa responsabilidad debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.

“La autoridad debe tener fuerza para enfrentar el delito, pero también debe tener límites para no convertirse en aquello que combate”, afirmó Céspedez al analizar el conflicto entre seguridad pública y protección de los derechos fundamentales.

Explicó que, en situaciones donde un agente policial enfrenta una amenaza grave e inminente contra su vida o la de terceros, el uso de la fuerza puede ser objeto de una justificación jurídica, siempre que se demuestre que la actuación respondió a criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El abogado señaló que el análisis de estos casos no puede realizarse únicamente desde la tranquilidad posterior al acontecimiento, sino que debe tomar en consideración las circunstancias concretas en las que el agente tuvo que tomar una decisión, incluyendo la naturaleza de la amenaza, el tiempo disponible para reaccionar, las condiciones del lugar y las alternativas existentes.

Derechos fundamentales frente a la seguridad pública

Céspedez explicó que los derechos fundamentales no son absolutos y que, en determinadas circunstancias, pueden entrar en tensión entre sí.

Indicó que el principio de ponderación permite evaluar los intereses enfrentados para establecer cuál requiere mayor protección en el caso concreto, mientras que el test de proporcionalidad obliga a determinar si la actuación estatal fue idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto.

A su juicio, la finalidad no debe ser eliminar uno de los derechos en conflicto, sino procurar que ambos sean protegidos en la mayor medida posible.

La Policía y el uso legítimo de la fuerza

El jurista destacó que los agentes policiales también tienen derecho a proteger su propia vida y la de terceros cuando enfrentan una agresión ilegítima.

En ese contexto, explicó que la legítima defensa puede constituir una causa de justificación cuando concurran los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, entre ellos la existencia de una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la ausencia de provocación suficiente.

No obstante, insistió en que el uniforme policial no otorga una autorización ilimitada para utilizar la fuerza.

“El uniforme no convierte al agente en dueño de la vida ajena, pero la delincuencia tampoco convierte al ciudadano ni al policía en dueño de la vida de los demás”, expresó.

Proteger los derechos también protege a la sociedad

Céspedez consideró que garantizar los derechos fundamentales de una persona acusada o sorprendida cometiendo un delito no significa justificar la criminalidad.

Explicó que los límites impuestos al poder estatal constituyen una garantía para todos los ciudadanos, debido a que evitan que la lucha contra el delito pueda convertirse en una fuente de abusos.

Afirmó que permitir que el Estado pueda privar arbitrariamente de la vida a una persona bajo el argumento de la seguridad generaría consecuencias graves para la confianza en las instituciones y para el propio sistema democrático.

“Ni impunidad ni abuso”

El abogado resumió su planteamiento señalando que la sociedad necesita evitar dos extremos: la impunidad frente al delito y el abuso en el ejercicio de la autoridad.

“La justicia no puede convertirse en una vendetta con toga”, sostuvo Céspedez, al defender la necesidad de que las actuaciones policiales sean investigadas y evaluadas conforme a la ley cuando exista controversia sobre el uso de la fuerza.

Finalmente, afirmó que el Estado debe procurar la mayor protección posible de la colectividad, pero sin sacrificar innecesariamente la dignidad y la vida humana.

Para Céspedez, el desafío consiste en construir un equilibrio en el que la Policía pueda actuar eficazmente frente al crimen y, al mismo tiempo, existan controles suficientes para impedir actuaciones arbitrarias.

El Lic. Víctor Manuel Céspedez, abogado de los tribunales de la República Dominicana, en un destacado profesional del derecho, hijo del exprocurador General de la República Víctor Céspedes..