CODIGO 32 // JUSTICIA
Los hermanos Manuel y Valente Valenzuela visten sus
uniformes militares para protestar junto a la frontera
mexicano-estadounidense a la altura de la ciudad californiana de San
Diego. Los trajes azules, con solapas cargadas de condecoraciones de
hace cuatro décadas, dan testimonio de su servicio en la guerra de
Vietnam.
Ahora, los veteranos los usan para otra disputa,
esta vez contra el gobierno de Estados Unidos, que tiene abiertas
sendas causas de deportación en su contra.
"Podríamos haber muerto por este país. Tenemos que mostrar lo que
hemos hecho y sacrificado", señaló durante el mitín Manuel, con 60 años
el menor de los dos.
Nacidos en México y traídos a Estados Unidos por
sus padres, los Valenzuela nunca han estado en posesión de los papeles
de residencia pese a haber representado al país en la línea de fuego.
"Es insostenible que cualquiera que haya servido
en las fuerzas armadas y haya arriesgado la vida no tenga derecho a la
legalización. Ellos no tienen registro de haber vivido en ninguna otra
parte que aquí y han cumplido una labor invaluable para el país", le
señaló a BBC Mundo el abogado que los representa, Dennis Hartley.
El caso de los hermanos ilustra la situación de
muchos soldados latinos en Estados Unidos, que a las secuelas de las
campañas bélicas le suman, una vez que concluyen su servicio, el temor a
ser perseguidos por su condición de indocumentados.
Vía para la ciudadanía
Desde 2009, los distintos cuerpos de las fuerzas
armadas recibieron inscripciones de 114.600 efectivos nacidos fuera de
Estados Unidos, 12% de los cuales no son ciudadanos aunque resulta
difícil saber a ciencia cierta cuántos son indocumentados.
En teoría, las fuerzas estadounidenses no
aceptan a indocumentados en sus filas, pero muchos extranjeros se anotan
con identidades cambiadas. Asimismo, los controles en el pasado eran
más laxos y ni siquiera resultaba necesario presentar papeles falsos
para ser inscrito.
Distintas organizaciones que objetan los métodos de reclutamiento
militar -como la llamada Coalición para las Alternativas al Militarismo
en las Escuelas (CAMS, en inglés)- señalan que muchos postulantes
jóvenes se dejan seducir por la idea de que, a partir de su servicio
armado, podrán regularizar el estatus propio o el de sus familias.
Lo cierto es que, bajo un estatuto de 2002 y
tras los cambios en las políticas derivados de los ataques del 11-S ,
los inmigrantes que integran las fuerzas de seguridad pueden postular
para convertirse en ciudadanos desde el primer día de actividad, si son
poseedores de una visa o tarjeta de residencia.
Luego, un programa establecido en 2009 les
aceleró el trámite de ciudadanía, según detalles otorgados a BBC Mundo
por la Oficina de Migraciones y Aduanas (ICE, en inglés). Tras las
guerras de Irak y Afganistán, el ejército considera también la
inscripción de aquellos que estén en el país con visa temporaria, lo que
ha permitido a muchos conseguir el documento estadounidense en un plazo
récord de seis meses.
Desinformados
Pero muchos de los soldados latinos no lo saben.
Según detalla el abogado Hartley, la falta de información es una de las
principales razones por las que estos casos pueden terminar en el
laberinto legal de la deportación.
"En muchos casos se trata de negligencia u
olvido, de que no sabían y nadie los asesoró. Para muchos es una novedad
saber que existen caminos para pasar de una residencia a una ciudadanía
por ser militares, cuando es algo casi automático bajo la legislación
actual. Mis representados, por ejemplo, en su momento simplemente
tendrían que haber llenado un formulario para salir del problema",
indicó Hartley.
Los Valenzuela, de hecho, se consideraron a sí
mismos ciudadanos desde el momento en que se embarcaron para Vietnam:
según señalan, asumieron que el juramento militar los convertía
automáticamente en residentes legales y no fue sino hasta mucho más
tarde que comprobaron que las irregularidades del pasado podían
llevarlos de regreso a México.
Sus causas de deportación se iniciaron en 2009
porque ambos hermanos fueron acusados de otras faltas: un caso de
violencia doméstica para Valente y un desacato a la autoridad para
Manuel, ambos ocurridos hace más de 15 años.
Con los nuevos lineamientos instituidos por el
gobierno de Barack Obama, que se concentran en la expulsión de
indocumentados con antecedentes penales graves, los Valenzuela están en
línea de espera.
Desde la autoridad migratoria estadounidense
ICE, sin embargo, señalan que el hecho de haber servido en la milicia es
un factor atenuante, que es tenido en consideración a la hora de
evaluar individualmente las causas.
En tanto, las autoridades migratorias indican
que no pueden proveer estadísticas sobre cuántos veteranos son
encausados anualmente porque "los sistemas de la ICE no están
configurados para obtener datos basados en el estatus de militar" de un
detenido o deportado.
Las estimaciones de organizaciones no
gubernamentales, en tanto, oscilan entre unos cientos a 4.000 casos en
los últimos 5 años (cuando el dato oficial del total de deportaciones es
de casi 397.000 casos para el período fiscal 2011, una cifra récord que
marca un crecimiento de 89% desde 2008).
POR LAS FAMILIAS
La solución de sus situaciones individuales no es la única fuente de lucha que ocupa a los veteranos por estos días.
Según un memorándum que rige la labor de las
autoridades de inmigración, se puede aplicar la "autoridad discrecional"
para otorgar un permiso especial de estadía a esposas e hijos de
militares activos, pero el mismo concepto no se aplica a quienes, como
Acosta, ya pasaron a retiro.
"Yo entiendo que cuando uno deja de prestar
servicio ya no es tan importante. Pero hice lo que creí que tenía que
hacer, serví al país y no medí lo que entregué. No puedo decir que estoy
molesto con el gobierno, pero me gustaría que tengan otro tipo de
consideración…esta es mi familia", le dice a BBC Mundo el veterano entre
lágrimas, flanqueado por Ileana Llamas, su mujer desde hace poco más de
un año.
Como Acosta la conoció después de abandonar la
Marina, la joven nunca pudo hacer uso del derecho a excepción, pensado
para evitar que los miembros activos se vean separados de familiares
indocumentados por períodos prolongados.
Si Ileana fuera deportada, por caso, debería
esperar 10 años, a modo de castigo, antes de volver a ser aceptada en
territorio estadounidense.
"El hecho de que ya no estén en servicio no debe
ser usado en contra de ellos. Muchos de los que regresan sufren estrés
postraumático y sus familias deberían recibir los mismos beneficios que
aquellos que todavía están en actividad", le señaló a BBC Mundo la
abogada Jessica Domínguez, que representa a este veterano y asegura que
hay "miles de familias en estas circunstancias".
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